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| Los ingenieros Russel Santos y Antonio Pacheco en las instalaciones del Diario de Yucatán |
Representantes de vecinos de los fraccionamientos Del Arco y Vista Alegre consideraron que la reciente resolución del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 34 a su favor pone freno a “un artero atropello” que se intentó consumar mediante una confabulación de intereses.
También dijeron que tienen conocimiento de que, utilizando al ejido de Chuburná, la mafia agraria que opera en Yucatán ha interpuesto demandas contra vecinos de otros rumbos de la ciudad, con el propósito de extorsionarlos, y por eso exhortan a no dejarse amedrentar.
Recordaron que el ejido de Chuburná fue el más grande de Mérida, con una superficie que prácticamente se extendía a las cercanías del aeropuerto internacional.
Hace unos días publicamos que el Tribunal Unitario Agrario (TUA) del Distrito 34 declaró improcedentes las demandas del ejido de Chuburná contra vecinos de los fraccionamientos Del Arco y Vista Alegre, que desde 2017 se enfrentaban a la amenaza de perder sus casas.
¿Qué se resolvió contra la llamada mafia agraria?
La sentencia fue dictada por la magistrada Lilia Isabel Ochoa Muñoz, quien en junio de 2019 se hizo cargo del TUA 34 en sustitución de Antonio Luis Betancourt Sánchez, involucrado en una serie de denuncias.
La resolución, de la que anticipamos detalles, contiene dos puntos medulares:
- 1) Es improcedente la restitución de tierras que demanda el núcleo agrario Chuburná.
- 2) Se absuelve a los demandados —los colonos de las unidades ya mencionadas— de las prestaciones reclamadas.
De acuerdo con el expediente, la magistrada Ochoa Muñoz basó su estudio en la verificación de tres requisitos fundamentales que debe reunir una demanda de restitución de tierras, como es la que presentó el ejido de Chuburná.
Esos tres puntos son:
- a) Que el núcleo agrario Chuburná es el propietario del terreno cuya restitución reclama.
- b) Que los demandados tienen la posesión de los predios.
- c) Que los terrenos en litigio están debidamente identificados y que existe identidad entre los que se reclaman y los que tienen en su poder los demandados.
En ninguno de los tres casos se acreditaron los hechos expuestos por la parte actora, representada por la abogada Rebeca Buenfil Méndez, y por eso la magistrada declaró la improcedencia.
La parte demandante interpuso un recurso de revisión el martes pasado. Tenía hasta el 8 de este mes como fecha límite. Esto significa que se turna el caso al Tribunal Superior Agrario, con sede en Ciudad de México. Los vecinos confían en que la sentencia será confirmada.
Una demanda "plagada de falsedades"
En una entrevista, de la que publicamos una parte el miércoles pasado, tres representantes de los colonos señalaron que el fallo del TUA ratifica que la demanda está plagada de falsedades, con documentos que nada prueban y sí evidencian contradicciones.
También expresaron su seguridad de que no todos los integrantes del ejido de Chuburná son responsables de las tropelías, pues son víctimas de desconocimiento de los malos manejos de sus dirigentes.
- “Es el caso de Baltazar Huchim Ramos, quien de manera perversa se unió a la mafia agraria y para tratar de mantenerse en el poder, cuando ya debía dejar el cargo de comisario ejidal, impuso a su esposa Adriana del Pilar Nabté Lugo como la actual comisaria”, manifestó Russell Santos Morales. “Así pretendió continuar con este artero atropello”.
Junto con Diego Molina Rojas y Víctor Sabido Córdoba, también representantes de los colonos, el ingeniero Santos insistió en el llamado a la sociedad a mo dejarse engañar por quienes se han prestado a “los intereses más bajos de la mafia agraria” para obtener beneficios mediante la simulación, la extorsión y otros actos que han sacado a la luz la corrupción que prevalece en el ramo agrario.
¿Qué dicen los representantes de las víctimas de la mafia agraria?
Los entrevistados también dijeron lo siguiente:
- —Una de las cosas por las que siempre vamos a recordar al anterior magistrado del Tribunal, Antonio Luis Betancourt, es que él haya accedido a las peticiones de Rebeca Buenfil y haya etiquetado con una prevención todos los títulos de propiedad. Con eso perjudicó a personas de la tercera edad que estaban en posición de testar, de ceder sus propiedades a las futuras generaciones. Ya no lo pudieron hacer.
- —En estos cuatro años y medio que llevamos de lucha cinco personas han fallecido sin que hayan podido tener la tranquilidad de dejar una propiedad limpia de problemas a sus descendientes.
- —Nos deja un amargo sabor de boca esa actitud del abogado Betancourt. Tuvo que venir una mujer, la magistrada Lilia Ochoa, a poner orden y hacer justicia en los términos que indica la ley. Esto es un acto de profesionalismo y de ética.
- —Con su sentencia, la licenciada Ochoa reivindica la confianza que todo ciudadano de a pie debe tener en sus instituciones, llámese Registro Público de la Propiedad y el Catastro, porque si ella se iba en nuestra contra o los de más arriba fallan contra nosotros, entonces de qué sirve que hayamos ido con un notario a formalizar la compraventa de nuestras casas y paguemos impuestos si cualquiera puede venir y botar estos actos con alevosía y falsedades.
- —Hay personas que llegaron a un “acuerdo”, así entre comillas, económico con Rebeca Buenfil para no tener problemas. Eso fue extorsión. Claramente manifestó la magistrada Ochoa que el Tribunal no reconoce ningún acuerdo económico y que promover esto no es parte de las atribuciones del personal.
Más datos sobre la mafia agraria
El Tribunal Superior Agrario deberá resolver sobre un recurso de revisión.
Sigue el ejido
El recurso, contra una sentencia de la magistrada del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 34, fue interpuesto por la representación legal del ejido de Chuburná.
El objetivo
El ejido, asesorado por la exvisitadora de la Procuraduría Agraria Rebeca Buenfil Méndez, reclama la restitución de las tierras donde hoy se asientan los fraccionamientos Del Arco y Vista Alegre. Algunos vecinos llegaron a “acuerdos” económicos con tal de no entrar a juicio.
No proceden
En su sentencia, la magistrada Lilia Isabel Ochoa Muñoz declaró improcedentes las demandas del ejido, que fueron presentadas hace poco más de cuatro años.
Insólito acuerdo
En marzo de este año, la abogada Ochoa Muñoz denunció públicamente la existencia de una mafia que atenta contra intereses de los vecinos. Indicó que esa mafia involucraba a personal del Tribunal a su cargo y de otras dependencias del ramo. Dio vista de los hechos a la Fiscalía General de la República y a la Fiscalía local.
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