Confianza vecinal en que prevalezca la justicia agraria

Los ingenieros Russell Santos Morales  y Antonio Pacheco  en la redacción de Diario de Yucatán



Enterados de la salida de la magistrada Lilia Isabel Ochoa Muñoz del Tribunal Unitario Agrario (TUA) del Distrito 34, con sede en Mérida, vecinos de losfraccionamientos Vista Alegre y Del Arco manifestaron su confianza en que el relevo de la funcionaria continúe los criterios de objetividad, apegados a la ley, que aplicó su antecesora.

“Confiamos en que el magistrado o la magistrada que venga a Yucatán emita en el mismo sentido todas las sentencias que faltan (en los juicios del ejido de Chuburná contra propietarios de casas en esas unidades)”, declaró Russell Santos Morales, uno de los representantes de los colonos.

Recordó que la magistrada Ochoa Muñoz dictó fallo favorable a los vecinos en un primer paquete de 56 casos. El ejido de Chuburná interpuso 170 demandas, de tal forma que quedan pendientes de resolver más de 100.

“Es una sentencia contundente, histórica. Es la primera vez en un juicio de este tipo en México que se concede la razón a los vecinos sin ninguna contraprestación para el ejido”, subrayó el ingeniero Santos. “Aquí se está considerando que no les asiste la razón a los demandantes”.

Revisión pendiente

Inconforme con la sentencia, la parte demandante interpuso el recurso de revisión. La decisión final será del Tribunal Superior Agrario, en Ciudad de México.

La abogada Ochoa Muñoz fue transferida al Tribunal Unitario Agrario del Distrito 2, con base en Mexicali. El viernes pasado fue su último día de trabajo en Mérida.

Estuvo poco más de dos años al frente del Tribunal Unitario Agrario de Yucatán. El año pasado denunció una serie de irregularidades en esa dependencia y en la forma en que se llevaban los juicios. Exhibió también la operación de una mafia agraria con la que estaban coludidos empleados de oficinas del ramo.

Uno de los casos más sonados que atendió fue el de los juicios que promovieron ejidatarios de Chuburná contra los vecinos de los fraccionamientos Vista Alegre y Del Arco.

La lucha jurídica comenzó en 2017, con las demandas del ejido. Una primera sentencia del TUA, entonces a cargo de Antonio Luis Betancourt Sánchez, benefició a la parte actora y los colonos interpusieron el recurso de revisión.

Entonces el Tribunal Superior Agrario revocó el fallo inicial en junio de 2019 y ordenó al Tribunal Unitario en Yucatán que repusiera el procedimiento.

La nueva sentencia correspondió a la abogada Ochoa, quien, como publicamos el 30 de noviembre pasado, declaró improcedente la restitución de tierras y absolvió a los demandados de las prestaciones reclamadas.

El ejido, como indicamos líneas arriba, presentó el recurso de revisión.

En visita al edificio del Diario en representación de los vecinos afectados,Russell Santos, Antonio Pacheco Gasca, Diego Molina Rojas y Víctor Sabido Córdoba reiteraron su confianza en que el Tribunal Superior Agrarioratifique la sentencia y el relevo de la magistrada Lilia Ochoa dicte los fallos restantes aplicando los mismos criterios, apegados a la ley.

Basan sus expectativas en los siguientes puntos:

  • —El ejido no pudo demostrar la propiedad de las tierras cuya restitución reclama a los colonos.
  • —Las demandas se basan en documentos alterados e información falsa y dolosa.
  • —En el recurso de revisión del ejido hay una parte que mueve a risa y enojo al mismo tiempo: dicen que “en consideración a la alta carga de trabajo que tiene el Tribunal” solo ponían de 60 a 70 demandas al año. Es una afirmación con cinismo.

Todo un negocio

  • —Declaran que tienen 170 demandas ahora. Al principio de esto nos pedían a cada uno entre 80 mil y 100 mil pesos para no seguir los juicios. Si multiplicamos esa cantidad por 170 nos arroja 17 millones de pesos, conservadoramente.
  • —Ahora dicen: como ya me fui a la demanda, ya tuve gastos y voy a ver si te cobro de 300 mil a 500 mil pesos por el terreno. ¿Por que razón? Mira dónde estás situado, nos alegan. Mira qué infraestructura tienes... y son mis terrenos.
  • —O sea, se adjudican la infraestructura y la urbanización de toda esa parte. ¡No son una inmobiliaria! Todo lo que se ha hecho allá es con el dinero de nuestros impuestos, no con el dinero de ellos (Continuará).

¿Qué busca el ejido?

El ejido de Chuburná reclama como suyos los terrenos donde están asentadas esas unidades. Desde un principio pidió dinero a los vecinos a cambio de no interponer los juicios ante la autoridad agraria.

Privados desde 2013

Hay evidencias registrales de que los terrenos cuya restitución reclama el ejido son propiedad privada desde 1913 y nunca apareció, hasta 2017, algún campesino que los reclamara.

A favor de los demandados

La magistrada Lilia Ochoa Muñoz dictó sentencia a favor de los colonos en 52 de 170 demandas. Los casos están en revisión. (Fuente: Diario de Yucatán)

Comentarios