Artículo original publicado por Diario de Yucatán
6 abril, 2021, 6:01 am
El inicio del segundo semestre de 2017 marcó el inicio de una pesadilla para vecinos de los fraccionamientos Del Arco y Vista Alegre de Mérida.
La amenaza de perder sus casas, para muchos de ellos su único patrimonio, propició que la zozobra invadiera sus vidas, alimentada en gran medida por los numerosos obstáculos que comenzaron a observar en las autoridades agrarias.
“En su mayoría son jubilados, personas que compraron de buena fe”, recuerda Russell Santos Morales, uno de los representantes de los colonos en la lucha que han emprendido para evitar que la llamada mafia agraria en Mérida los despoje de sus bienes.
Cuatro caídos en el camino
La batalla no ha sido fácil. Cuatro vecinos han perdido la vida durante el largo proceso derivado de juicios que interpuso el Comisariado Ejidal de Chuburná, con documentos alterados.
Imagen de la marcha que realizaron en enero de 2019 los vecinos amenazados con la pérdida de sus propiedades (Megateca)
En el centro de esa mafia, como publicamos el 30 de marzo, había personal del Tribunal Unitario Agrario (TUA) del Distrito 34, de la Procuraduría Agrariay del Registro Agrario Nacional (RAN).
La confabulación era encabezada por Rebeca Buenfil Méndez, exvisitadora de la Procuraduría, según se confirmó en reciente acuerdo del Tribunal suscrito por la magistrada Lilia Isabel Ochoa Muñoz, quien llegó al cargo cuando se intensificaban las denuncias contra su antecesor, Antonio Luis Betancourt Sánchez.
Como directora de la orquesta
Según relatan Russell Santos y Antonio Pacheco Gasca, este último también representante de los colonos, la abogada Buenfil Méndez llevaba la batuta en las diligencias que se suponía debían estar a cargo de empleados de las dependencias. Éstos, incluso, se ponían a sus órdenes.
La historia del caso, del cual anticipamos amplios detalles en la primera parte de este reportaje, continúa de la siguiente manera:
—Después de recibir la “invitación” de Rebeca Buenfil para llegar a un acuerdo económico que les permitiera “salvar” sus casas, y de la mala experiencia que tuvieron con un abogado al que pretendían contratar, los vecinos decidieron organizarse para emprender su propia defensa.
Botín de 14 millones de pesos
—La propuesta de la exfuncionaria de la Procuraduría Agraria era que cada uno de los propietarios pagara unos 70,000 pesos, en promedio. Si se considera que fueron 203 demandas, entonces la suma que hubiera obtenido el Comisariado Ejidal de Chuburná sería de más de 14 millones de pesos en caso de que todos hubieran aceptado el convenio.
—Ya organizados, los colonos buscaron apoyo del gobierno del Estado y del Tribunal Agrario. El primero les facilitó un topógrafo, por medio de la Dirección de Asuntos Agrarios, y el segundo los apoyó con un defensor de oficio, proporcionado por la Procuraduría Agraria.
Se volvieron litigantes a la fuerza
—En la práctica, un grupo de ocho personas se convirtió en litigante, en busca de elementos que apoyaran la defensa. En la revisión del expediente detectaron un plano ilegible, correspondiente a una dotación del ejido de Chuburná en 1925. No se explican cómo un documento en esas condiciones pudo ser aceptado en los juicios.
—Encontraron otro plano, del Programa de Certificación de Derechos Ejidales (Procede), sin referencias que también fue aceptado por las autoridades.
—En las demandas aparecía como documento clave un acta de asamblea ejidal del 30 de junio de 1996. Los vecinos habitan en esas casas desde 1976, es decir, 20 años antes de que se levantara el acta.
—Con esa base y otros elementos de prueba, los colonos interpusieron un recurso de revisión ante las autoridades agrarias, pero en Ciudad de México. Corrieron con mala suerte, pues les “batearon”.
Hasta “movieron” de lugar una avenida
—Hay evidencias claras de que el acta utilizada para sustentar la demanda y el plano que la acompaña fue hecha a modo. Por ejemplo, se ubica la antigua carretera a Conkal sobre la calle 23, entre las avenidas Yucatán y Correa Rachó, cuando en realidad era la que atravesaba esta última y luego conducía a Cholul.
—Los afectados consideran que ese “movimiento” de la carretera se hizo para que las casas de Vista Alegre y Del Arco quedaran incluidas en tierras de uso común y así se pudiera reclamar una indemnización.
—Los colonos siguieron averiguando. En el Registro Público de la Propiedadsolicitaron su historial registral, que demuestra que los terrenos donde habitan son propiedad privada desde 1913y nunca apareció, hasta 2017, algún campesino que los reclamara como suyos.
Notario que se convirtió en juez y parte
—El ingeniero Pacheco Gasca, uno de los vecinos más antiguos del fraccionamiento Del Arco, compró su lote al propietario de esos terrenos, Héctor Medina Vidiella, en 1975. Dio fe de la operación el notario Sergio Iván Priego Medina, quien, paradójicamente, años después fue magistrado del Tribunal Unitario Agrario y falló a favor del ejido de Chuburná en una demanda contra el fraccionamiento Los Álamos, vecino de Del Arco.
—La mayoría de esos terrenos pertenecía a la antigua hacienda Vista Alegre. En 1967, la familia Aristi Arcila adquirió una parte y un porcentaje de ésta lo vendió a Medina Vidiella. Sin embargo, desde junio de 1925 el gobierno había expropiado dos polígonos de esa hacienda para entregarlos al ejido de Chuburná.
—Años después, por el crecimiento de la ciudad, el propio gobierno expropió 300 hectáreas a ese ejido en 1975 y 120 hectáreas más en 1986, pero los ejidatarios se quedaron con mucho más tierras que fueron vendiendo.
—En 1994 reclamaron la propiedad de un triángulo de 25 hectáreas, que no se había incluido en la primera expropiación y permanecía en ese momento en manos de particulares, y lograron la restitución de una parte. Como prueba mostraron las mediciones de los planos que sirvieron para la dotación de tierras en 1925 y las expropiaciones de 1975 y 1986.
—El ejido presentó estos mismos planos en su demanda ante el TUA contra los vecinos de los fraccionamientos Del Arco y Vista Alegre.
Se aprovecharon de una ley de 1992
—En el curso de las investigaciones los colonos hallaron otro dato importante: el Comisariado Ejidal de Chuburná pudo utilizar un acta fechada en 1996 gracias a la Ley Agraria que promulgó en 1992 el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari. Entre otras cosas, con esa legislación se puso punto final al reparto agrario en el país.
En 2018 y la primera mitad de 2019 fueron comunes las protestas a las puertas del Tribunal Unitario Agrario de Mérida por presuntos despojos de tierras (Megateca)
—Más aún, los vecinos están convencidos de que no existió tal asamblea y que el documento es otra triquiñuela de sus acusadores para tratar de salirse con la suya.
—Antonio Luis Betancourt Sánchez, magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 34, nombró al topógrafo Adán Moreno Melo para que hiciera mediciones en la superficie en disputa. La defensa hizo lo propio. Russell Santos y Antonio Pacheco fueron designados ayudantes del topógrafo que proporcionó la Procuraduría Agraria a los vecinos.
—Desde la primera diligencia hubo fricciones y notorias diferencias de opinión entre los dos topógrafos, el oficial y el de la defensa. El primero discutía cualquier señalamiento de su similar y se empeñaba en que las cosas se hicieran a su manera. En una ocasión amenazó con expulsar a su contraparte si no dejaba de exponer sus argumentos.
Otra vez en posición de maniobras
—En la diligencia más ríspida, cuando surgió la amenaza de expulsión, al retirarse los representantes de los colonos vieron que quien marcaba los puntos de referencia para la topografía era nada menos que la abogada Buenfil Méndez. Ratificaron su convicción que todo el panorama era adverso a su causa.
—En medio de la turbulencia que ya representaba el caso, los representantes vecinales gestionaron una reunión con la magistrada presidenta del Tribunal Superior Agrario, Odilisa Gutiérrez Mendoza, en Ciudad de México. Los acompañaron la diputada federal Cecilia Patrón Laviada y un abogado proporcionado por el gobierno del Estado.
Súbito cambio de actitud
—El objetivo de los agraviados era exponer a la magistrada que se estaban atropellando sus derechos en Yucatán. Todo iba bien, de manera cordial, hasta que un asistente le entregó a la funcionaria un papel con un mensaje. Ignoran el contenido del mensaje, pero notaron que a partir de ese momento cambió el semblante de la funcionaria, lo mismo que el tono de su voz.
—Lejos de amilanarse, los propietarios continuaron sus gestiones y averiguaciones hasta conseguir más documentos y comprobar que los que presentó la parte acusadora están notoriamente alterados.
—Finalmente llegó la sentencia, que les resultó adversa. En ella, el magistrado Betancourt afirmó que las casas en cuestión están dentro de una superficie de más de 4,000 hectáreas dotadas al ejido por resolución presidencial de mayo de 1925 y ordenó a los vecinos pagarles a los ejidatarios una compensación.
Validez a planos con inconsistencias
—El magistrado tomó como válido un plano del ejido —en donde solo aparece el triángulo de la superficie en disputa, alrededor de 26 hectáreas—, elaborado en 1992 y que se deriva precisamente del plano de 1925.
—El plano contiene fallas e inconsistencias. Entre lo más notorio es que ubica a la antigua carretera Mérida-Conkal sobre lo que ahora es la calle 23, junto a los muros de la entonces hacienda Vista Alegre. En el plano de 1925 aparece en su posición original, donde luego se construyó la avenida Correa Rachó.
—Otras fallas del plano se observan en su tabla de construcción, según la cual ese año no había ni construcciones ni asentamientos humanos en esa zona, cuando las casas del fraccionamiento Del Arco existen desde 1975.
Pruebas documentales rechazadas
—Otra “prueba” presentada por los ejidatarios de Chuburná es la copia del plano de 1925, que está borrada y en muchas partes ilegible. Tampoco se observa la señalización de la carretera a Conkal, ni el polígono donde se ubican los terrenos que reclama el ejido.
—Los colonos aportaron 16 pruebas documentales en los juicios. Betancourt Sánchez las hizo a un lado, incluyendo las testimoniales. Solo dio como válida una prueba pericial ordenada por él.
Luz en medio de la oscuridad
—El reciente acuerdo de la magistrada Lilia Isabel Ochoa Muñoz, quien relevó a Betancourt en 2019, representa ahora una esperanza para los vecinos, porque es la primera vez que desde las instancias oficiales se reconoce la existencia de una mafia agraria en Mérida, con participación de personal de tres dependencias, que ha atentado contra el patrimonio de cientos de familias.
“Esto puede ser apenas la punta de la madeja y hay que seguirlo hasta detener a esta mafia”, subraya Russell Santos. “Seguramente atrás hay innumerables casos, incluso de gente con menos capacidad para defenderse”.
“Más de uno iría a la cárcel”
Un aspecto importante, apunta el representante de los vecinos, es que la abogada Ochoa Muñoz dio vista de los hechos a las fiscalías General de la República (FGR) y General del Estado (FGE), por la probable comisión de hechos delictuosos.
“Eso es importante porque si se hace una investigación a fondo se descubrirá a todos los que están involucrados en esa mafia”, enfatiza. “Y más de uno seguramente se iría a la cárcel
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