Rebeca Buenfil Méndez, parte de la mafia inmobiliaria de Yucatán

Vecinos del Arco denuncian el "modus operandi" de una red que pretende despojarles de sus casas 

Autora material e intelectual de una mafia inmobiliaria que utiliza influencias, sobornos y operaciones irregulares en varias instituciones, la ex empleada de la Procuraduría Agraria, Rebeca Buenfil Méndez es una de las figuras principales en esta red que pretende despojar de sus hogares a poco más de 120 familias del Arco y Vista Alegre.

Oriunda de Motul, Buenfil Méndez lleva, al decir de los vecinos, un estilo de vida muy contrastante con los ingresos que obtendría como empleada de esta dependencia. Es hermana del periodista Valerio Buenfil Méndez, propietario de la revista “La Voz de Motul”.  Sostiene la educación de sus hijos en escuelas particulares y en sus redes sociales presume joyas, vestidos caros, fiestas y cenas de lujo así como viajes a la Riviera Maya para celebrar la graduación de su hija.

Con madres de familia del Colegio Rogers Hall de Mérida. Rebeca Buenfil Méndez, parte de la mafia inmobiliaria que opera en Yucatán. 

-Todo ese estilo de vida no pertenece a una persona que apenas ganaba $8 mil pesos mensuales,-señalan los vecinos quienes han obtenido numerosos datos de sus proceder desde hace varios años para despojar de predios a vecinos indefensos.

Versiones de empleados del Tribunal Agrario señalan que la licenciada Rebeca Buenfil Méndez presume sus influencias en los juzgados al punto de tutearse con las secretarias, los magistrados y los empleados de la dependencia, e incluso mandar sobre ellos con lujo de prepotencia. 

Con su hermano Valerio Buenfil Méndez, "periodista" y propietario de "La Voz de Motul" y presunto integrante de esta red de extorsión 

El patrón delincuencial de esta persona, al decir de los vecinos fue muy significativo y dejó muchos rastros: una vez planeada la modificación de planos, de sostener reuniones y tratos con empleados de dependencias tales como el Registro Público de la Propiedad y el Comercio, de tratar con los ejidatarios -quienes no sabían con precisión donde iniciaban y terminaban sus tierras- Buenfil Méndez se coludió con autoridades del Tribunal Agrario con sede en ésta ciudad para planear la estafa y el despojo de los hogares a los vecinos del Arco.

Sus acciones han tenido un impacto visible y daños emocionales, laborales, físicos y de salud a numerosas familias, muchas de ellas de la tercera edad,  por las demandas interpuestas por los ejidatarios de Chuburná, a quienes convenció de ganar fácilmente dinero.

Rebeca Buenfil Méndez, integrante de la Mafia Inmobiliaria

Sin embargo Buenfil Méndez no ha tenido el éxito esperado. A más de un año de urdir, tramar y realizar numerosas triquiñuelas legales no ha podido tener la sentencia que esperaba le redituara cientos de miles de pesos para su bolsillo y para los presuntos dueños de los terrenos donde se asientan las viviendas de los colonos del Arco.

Como ha documentado el Diario de Yucatán, la actuación de esta persona es similar a las mafias que despojan de su patrimonio a los ciudadanos en la entidad.

“La abogada Buenfil Méndez entregaba personalmente, casa por casa, esas notificaciones y decía a los vecinos que el Tribunal ya tenía las pruebas donde se demuestra que una parte de esos fraccionamientos es del ejido”.

“No tienen manera de salvarse de esto”, amenazaba la abogada, según Santos Morales, uno de los vecinos afectados.

La entrega de las notificaciones por parte de la asesora ejidal es ilegal, porque esa es una diligencia exclusiva de los actuarios del juzgado, añade Jesús Antonio Pacheco Gasca, otro de los vecinos afectados. “Empero, ella lo hacía para asustarnos y preparar el terreno para ofrecernos una solución: firmar un convenio mediante el cual el vecino aceptaba pagar $200 por metro cuadrado de su propiedad”.

La superficie promedio de las casas en el fraccionamiento Del Arco es de 300 metros cuadrados, las más grandes tienen 350, de modo que cada convenio implicaba un promedio de $60,000, explica Pacheco Gasca.

Si lo pagan se acaba el problema y el ejido se encarga del proceso para regular los terrenos, prometía la abogada Rebeca Buenfil Méndez.

“¿Cómo podemos firmar un convenio sin tener la certeza de que nuestras casas se construyeron en terrenos ejidales, respondíamos”, agrega Santos Morales, “pero ella insistía en que tenía todas las pruebas, pero sin mostrarlas”.

Amenaza

“No explicaba nada, simplemente decía que estábamos sobre terrenos ejidales y por eso debíamos pagar al ejido, que no quería nuestras propiedades, sino la indemnización correspondiente”, afirma Pacheco Gasca.

“Ella fijaba el precio del metro cuadrado y trataba de coaccionarnos con el convenio, aunque no existía, como hasta la fecha, sentencia judicial sobre el caso”, añade. “Si todos hubiesen aceptado firmar, el ejido se habría embolsado, ‘bajita la mano’, $7.500,000”.

De acuerdo con los entrevistados, cuando la licenciada Buenfil Méndez no podía convencer a los vecinos de firmar el convenio, ordenaba al actuario entrar en el domicilio con la notificación.

Este funcionario judicial se trasladaba en el auto particular de la abogada y respondía solo a sus indicaciones, “lo que evidentemente es ilegal”, precisa Santos Morales.

Muchas de esas notificaciones estaban, además, mal hechas porque traían equivocados los nombres de los demandados.

De todos ellos, solo cuatro o cinco vecinos del fraccionamiento Del Arco firmaron el convenio, porque, argumentaron, tenían dinero para hacerlo y no querían meterse en líos.