Ramírez Marín acusa “guerra sucia” y opina que Rebeca Buenfil Méndez “tiene razón”.
El senador ex priísta y hoy morenista, Jorge Carlos Ramírez Marín salió en defensa de la abogada Rebeca Buenfil Méndez y desestimó las acusaciones que Colonos del Arco y Vista Alegre han realizado en su contra tras la polémica difusión de un vídeo en redes sociales en donde se exhibe un presunto acto de condicionamiento del voto por parte de operadores de campaña de Morena.
Como se recordará durante el evento, realizado en la casa ejidal de Chuburná, Buenfil Méndez les indicó a los ejidatarios de Chuburná que para resolver un conflicto de tierras que data de hace dos décadas, involucrando a los fraccionamientos Vista Alegre y Del Arco en Mérida, deberían votar por Morena en las próximas elecciones del 2 de junio.
Ramírez Marín ha sido señalado como uno de los políticos que encabezan como parte de la #MafiaAgraria, grupo que ha permitido en las últimas tres décadas que más de 500 mil hectáreas de terrenos ejidales en la región, hayan pasado de manera irregular a manos de particulares, de acuerdo con el informe “Tres décadas de privatización y despojo de la propiedad social en la Península de Yucatán” del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS).
A estos se suman el de otros exdirigentes estatales como Roberto Borge Angulo (Quintana Roo), Andrés Granier Melo (Tabasco), Javier Duarte (Veracruz); así como exdelegados del Registro Agrario Nacional (RAN), Alfonso Pereira Palomo o Antonino Almazán Arteaga; entre otros.
En un video, Ramírez Marín acusa a los panistas de orquestar una “guerra sucia” y manifiesta que “qué bueno que el caso se esté llevando en los tribunales”; cuando en realidad ha sido señalado por diversas anomalías como en el caso del “Patrimonio Kanasín”, entre otros casos.
De acuerdo al informe del CCMSS en su apartado “La ‘Mafia Agraria’ en la Península de Yucatán”, se plantea que de acuerdo con abogados de la región, la respuesta a estas anomalías recaen en Ramírez Marín quien fue el titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) entre 2012 y 2014. Conforme a dicho estudio, Jorge Carlos Ramírez Marín; es un personaje que se apropió de grandes extensiones de tierras ejidales en Yucatán y Quintana Roo, en zonas con valor para el desarrollo inmobiliario y turístico.
“Durante esos años, las delegaciones peninsulares del RAN y la Procuraduría Agraria estuvieron al servicio de los intereses empresariales vinculados a Ramírez Marín. Es justamente entre 2012 y 2015 que identificamos un aumento de actas de asambleas que validan cambios de destino y que incurren en diversas ilegalidades que involucran ejidos con tierras de enorme valor comercial, muchas de las cuales están en litigio en la actualidad”.-señala dicho estudio.
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