El ex magistrado del Tribunal Agrario 34 Antonio Betancourt; durante las protestas en las que fue acusado por presunta corrupción.
Exhiben una red de complicidades en dependencias
En insólito acuerdo, el Tribunal Unitario Agrario 34, con sede en esta ciudad, exhibió una serie de irregularidades cometidas por ejidatarios de Chuburná en complicidad con personal de la Procuraduría Agraria.
Esa colusión permitió a los ejidatarios reclamar como suyas las tierras de los fraccionamientos Vista Alegre y Fraccionamiento Del Arco. Su propósito, se indica en la insólita resolución, era exigir dinero a los colonos bajo la amenaza de que al no acceder podrían perder sus propiedades. Esta práctica lleva ya cuatro años.
El acuerdo del Tribunal abre una ventana a la solución del problema a que se enfrentan más de 200 vecinos de esas unidades habitacionales por un juicio agrario que interpusieron ejidatarios de Chuburná por conducto de su asesora Rebeca Buenfil Méndez.
La abogada Rebeca Buenfil no es una litigante cualquiera. En el texto del tribunal se recalca que fue funcionaria de la Procuraduría Agraria y tuvo acceso a información privilegiada que luego usó para sus fines y los de sus clientes.
Con esa resolución, el Tribunal Agrario decidió agrupar en un solo paquete 203 juicios a que se enfrentan los colonos.
De acuerdo con esta instancia, la asesora de los ejidatarios y otros exfuncionarios de la Procuraduría Agraria y del propio Tribunal habrían incurrido en presuntas conductas ilícitas.
Se trataba, en síntesis, de una mafia agraria que operaba en los pasillos oficiales con total libertad.
El Tribunal dio vista de estos hechos a la Fiscalía General de la República (FGR) y a la Fiscalía General del Estado (FGE), ante las evidencias de irregularidades y atropellos.
En el caso del personal del Tribunal que intervino en ese juicio, se detalló que se extralimitó en sus funciones, dictó lineamientos en una asamblea ejidal, puso precio a las tierras sin justificar peritajes, realizó cobros o requirió recibos de pago a los colonos.
Incluso, ese personal realizaba todas esas operaciones ilícitas en las instalaciones oficiales.
Más aún, surgieron amenazas de hacer uso de los elementos que la ley otorga al magistrado del Tribunal para obligar a pagar a los demandados.
También se incurrió en “una vergonzosa participación en el cobro que se hacía de estos asuntos”, por parte de funcionarios del Tribunal.
En el caso de Rebeca Buenfil, el documento precisa que ha venido participando en el expediente del caso con todas las facetas posibles: primero en su carácter de servidora pública de la Procuraduría Agraria y posteriormente como asesora del ejido de Chuburná, con sus distintos comisariados.
Se le acusa de haber usado información privilegiada para realizar actos presuntamente punitivos.
Otro aspecto del acuerdo es que revela que los propios ejidatarios confesaron que “el ejido ya no tiene tierras y la única forma de sacar dinero es mediante estos juicios”. A eso se debía el hostigamiento a los vecinos de Vista Alegre y el Fraccionamiento Del Arco.
Este acuerdo, que ya es público y se puede consultar en línea, representa un avance para la lucha de los colonos, muchos de ellos de avanzada edad.
A lo largo de esta lucha jurídica se han conocido casos de algunos vecinos que fallecieron al agravarse sus padecimientos.— ÁNGEL NOH ESTRADA
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