Duro golpe a la llamada “Mafia Agraria”

El Tribunal Agrario exhibe irregularidades de ex funcionarios de la Procuraduría Agraria y de ejidatarios de Chuburná en perjuicio de vecinos de Vista Alegre y el fraccionamiento Del Arco 

Un inédito Acuerdo del Tribunal otorga esperanza de justicia para más de 200 familias de esta zona de Mérida 

Mérida, Yucatán a 15  de Marzo de 2021 

Luego de 4 años de zozobra e incertidumbre sobre la propiedad de sus predios, más de 200 vecinos de Vista Alegre y el Fraccionamiento Del Arco tienen al fin la esperanza de terminar con el calvario que ha representado enfrentar un juicio agrario interpuesto por ejidatarios de Chuburná, por conducto de su asesora Rebeca Buenfil Méndez. 

En un acuerdo sin precedente, el Tribunal Unitario Agrario 34, con sede en esta ciudad, exhibió numerosas irregularidades  de ejidatarios de Chuburná, coludidos con personal de la Procuraduría Agraria, para reclamar como suyas las tierras de dichos fraccionamientos, con el propósito de exigirle dinero a los colonos.

Con este acuerdo, el Tribunal decidió agrupar en un solo paquete los 203 juicios que enfrentan los colonos, en un acto de justicia agraria que les permitirá defenderse de un juicio basado en hechos ilegales e, incluso, posiblemente delictivos.

El Tribunal reveló que la asesora de los ejidatarios, Rebeca Buenfil, y ex funcionarios de la Procuraduría Agraria y del propio Tribunal, habrían incurrido en presuntas conductas ilícitas, por lo que dio vista a la Fiscalía General de la República (FGR) y a la Fiscalía General del Estado (FGE), en lo que constituye un duro golpe a la llamada “mafia agraria” 

En el caso del personal del Tribunal que intervino en ese juicio, se detalló que extralimitándose de sus funciones,  dictaron lineamientos en una asamblea ejidal, puso precio a las tierras sin justificar peritajes o, bien realizó cobros o requirió recibos de pago a los colonos.

Asimismo, amenazó con hacer uso que la ley otorga al Magistrado para obligar a pagar a los demandados e, incluso, incurrió en “una vergonzosa participación en el cobro que se hacía de estos asuntos”, por parte de funcionarios del Tribunal.

En el caso de Rebeca Buenfil, el documento precisa que ha venido participando en dicho expediente, primero en su carácter de servidora pública de la Procuraduría Agraria y posteriormente como asesora del ejido de Chuburná, con sus distintos comisariados, señalándola de usar información privilegiada para realizar actos presuntamente punitivos. 

Además, revela que los propios ejidatarios confiesan que “el ejido ya no tiene tierras y la única forma de sacar dinero era mediante estos juicios”.

El inédito acuerdo otorga una luz al final del túnel para numerosos vecinos que han sufrido amenazas, extorsiones y daños patrimoniales para defenderse de los ejidatarios de Chuburná y su influyente asesora, quienes les han pedido elevadas sumas de dinero para retirar las demandas, no obstante que dichos “convenios” que ofrecen carecen de toda validez jurídica.

Este acuerdo, que ya es público y se puede consultar en línea, representa un gran avance para los atribulados colonos, muchos de ellos de avanzada edad. En esta desgastante lucha jurídica, se tienen casos de algunos que fallecieron, al agravarse sus padecimientos. 

Con este insólito acuerdo del Tribunal Agrario también se da un paso en firme no solo para comenzar a desmantelar a la llamada “mafia agraria”, sino para llevar ante la justicia a los responsables de estos presuntos ilícitos.