Azuzado por la exvisitadora agraria Rebeca Buenfil Méndez, el líder del ejido de Chuburná, Baltazar de los Reyes Huchim Ramos, continúa sus intentos por apoderarse de más de 170 predios de los fraccionamientos Del Arco y Vista Alegre, aprovechándose de una confusa situación legal de esos terrenos.
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| Nueva investigación de Central 9 |
Como ya informamos, parte de esos fraccionamientos pertenecería a un polígono que el ejido reclama como suyo desde hace años y al que correspondería también el fraccionamiento Los Álamos, considerado ejidal por un tribunal agrario en 2006.
A partir de esa resolución, Huchim Ramos y su asesora denunciaron a decenas de vecinos de los fraccionamientos Vista Alegre y Del Arco (que colindan con Los Álamos) ante el Tribunal Unitario Agrario 34 (TUA) para que les paguen una indemnización a cambio de no solicitar el remate judicial de esos predios.
Inicialmente, el magistrado de ese tribunal, Antonio Luis Betancourt Sánchez, le dio la razón al ejido, tomando como base la resolución de 2006.
Empero, datos obtenidos por Central 9, la Unidad de Investigación Periodística de Grupo Megamedia, confirman que detrás de esta nueva embestida del ejido, que solo busca el beneficio económico de la actual directiva, existe una historia oscura, que se remonta a casi 30 años y que está estrechamente relacionada con Los Álamos, el fraccionamiento colindante.
Cambio de opinión
A fines de 1990, como también ya publicamos, los líderes ejidales comenzaron a reclamar los terrenos donde se construía ese fraccionamiento. El gobierno estatal de entonces, encabezado por Víctor Manzanilla Schaffer, rechazó las pretensiones del ejido de Chuburná diciendo que ese fraccionamiento contaba con todos los permisos del Ayuntamiento de Mérida y de la propia administración estatal, además de las escrituras expedidas por varios notarios que participaron en las operaciones de compraventa y que siempre dijeron que se trataba de terrenos privados.
Un punto a favor de la construcción de ese fraccionamiento era que a su lado ya existían otras casas (las del fraccionamiento Del Arco, que aún no reclamaba el ejido), así como bodegas que nunca reclamaron, por lo que se demostraba que toda esa zona era privada.
Funcionarios de Manzanilla Schaffer recordaron que el ejido de Chuburná solicitó en 1925 la cesión de esas y otras tierras, lo que la Presidencia de la República les concedió ese año. Los terrenos que resultaron afectados pertenecían a la hacienda Vista Alegre —donde después se asentarían Los Álamos y Del Arco—, y dijeron que en los archivos del Departamento del Catastro del gobierno del Estado existían los elementos para reconstruir esa afectación.
Manzanilla Schaffer renunció el 14 de febrero de 1991 y su sucesora Dulce María Sauri Riancho, con un criterio diametralmente opuesto a su antecesor, suspendió la construcción de Los Álamos, argumentando que ocupaba terrenos ejidales.
La gobernadora interina pidió a la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) que realizara una nueva medición de los terrenos en Los Álamos para determinar si pertenecían al ejido o la antigua hacienda Vista Alegre.
La clave para lograr esa medición era localizar el llamado “punto X”, que determinaba el comienzo del levantamiento que sirvió para expropiar esas tierras, según el decreto presidencial de 1925.
Aparece el “punto X”
En cuatro sesiones de trabajo los topógrafos de la SRA y los del Colegio de Ingenieros Civiles —que se ofreció a intervenir para ayudar a resolver el problema—, no pudieron encontrar el “punto X”. La SRA insistió y en un quinto intento, el 15 de abril de 1991, el delegado de esa dependencia, Efrén Caraveo Caraveo, informó que se había medido del nuevo el terreno en cuestión y que para la SRA “sí es ejidal”.
Empero, recalcó que no se localizó el “punto X” debido a la falta de ángulos y referencias, por lo que el notario público No. 82, Raúl Heredia Carrillo, dio fe de esa situación y levantó el acta correspondiente.
La SRA no encontró el “punto X”, explicó Caraveo Caraveo, porque “es imposible encontrar una estaca que se sembró en 1925”, pero hizo el levantamiento topográfico, tomando en cuenta varios puntos de referencia que se sumaron a las “carteras de campo” (datos adicionales tomados en el lugar), más documentos encontrados en el archivo de la dependencia.
Con eso se logró calcular la superficie, hacer el deslinde y elaborar el plano correspondiente, con lo que la SRA “comprobó” que los terrenos de Los Álamos eran ejidales.
Entre los documentos encontrados en los archivos de esa dependencia figuraba un plano del polígono en disputa, elaborado por el Registro Agrario Nacional en 1986, que sirvió de base al ejido de Chuburná en 2017 para demandar a los vecinos de los fraccionamientos Del Arco y Vista Alegre y “donde sí aparece el ‘punto X’, pero sembrado”, afirma el ingeniero Jesús Antonio Pacheco Gasca, uno de los vecinos más antiguos del fraccionamiento Del Arco y experto en construcción. “Colocaron ese punto donde mejor les acomodaba, a su conveniencia”, explicó en una entrevista reciente con los periodistas de Central 9.
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| Plano del polígono en disputa, elaborado por el Registro Agrario Nacional en 1986, que sirvió de base al ejido de Chuburná en 2017 para demandar a los vecinos de los fraccionamientos Del Arco y Vista Alegre y “donde sí aparece el ‘punto X’, pero sembrado”, |
Expropiación
Según él, ese plano tiene tal error de medición que no pone la carretera Mérida-Conkal, que existía desde hacía muchos años y, por el contrario, considera el terreno donde desde entonces estaba esa vía como parte de los predios ejidales, “lo que evidentemente es un clarísimo error”, añade Pacheco Gasca.
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| "Colocaron el Punto X donde mejor les acomodaba" relata el Ing. Francisco Gasca al explicar el fraude inmobiliario más escandaloso en la historia de Yucatán |
Ese plano, sin embargo, con todos y sus errores, es legal porque es un documento oficial, comenta Central 9.
“Pero está mal medido”, responde Pacheco Gasca. “Si usted toma el escalímetro se dará cuenta que, la verdad, esos cuates del RAM no sabían medir”.
Luego de que en 1991 el delegado de la SRA anunció que esa dependencia había comprobado el carácter ejidal de Los Álamos, lo que procedía, dijo, era hacer una expropiación, por parte de la entonces Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, y después transferir esos terrenos a la Comisión Ordenadora del Uso de Suelo del Estado de Yucatán (Cousey), para que ésta, a su vez, los venda a los fraccionadores.
También podría intervenir la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (Corett) porque había asentamientos en esa superficie, agregó.
¿Y el dinero?
Empero, ni ese funcionario ni otros dijeron que la solución era indemnizar a los ejidatarios, como al final ocurrió. Tampoco nadie dijo que el fraccionamiento Del Arco era ejidal, ni siquiera los ejidatarios.
Incluso, el secretario de Gobierno, Orlando Paredes Lara, informó que la administración estatal solicitaría la expropiación de esos terrenos directamente a la SRA.
Nada de eso ocurrió. Inopinadamente, el 5 de septiembre de 1994 Felipe Chi Cua, Vicente Flores Chan y José María Chi Tut, quienes fungían como presidente, secretario y tesorero del Comisariado Ejidal de Chuburná, demandaron a los colonos de Los Álamos y a la empresa constructora ante el Tribunal Unitario Agrario 34. Pedían la restitución de esos terrenos, que reclamaban como suyos, o el pago de una indemnización, que cobraron 12 años después, luego de un oscuro proceso judicial y en medio de acusaciones de que una gran parte de ese dinero se quedó en la bolsa de los líderes ejidales. (Continuará).— HERNÁN CASARES CÁMARA
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