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| La Sra. Imelda Medina Solís, tutora de vecina afectada por la demanda ejidal |
Nuevamente, el Diario de Yucatán expone, en amplio espacio el caso de la señora Imelda Medina Solís, yucateca avecindada en Estados Unidos desde hace 48 años y tutora de su madre, propietaria de una casa en la colonia Vista Alegre, que el ejido de Chuburná reclama como suya, quien denuncia la colusión de distintas autoridades para permitir este “increíble fraude”.
A continuación presentamos este reportaje, el cual ilustra la situación de la mayoría de los vecinos demandados, seguramente hay más casos como éste en todo el fraccionamiento.
“¿Cómo es posible que esa casa, que mi mamá y mi papá compraron en 1980, hace 39 años, y que así consta en el Registro Público de la Propiedad, ahora resulte que ya no es de ella? Es incomprensible que pese a ese registro, ahora acusen a mi madre de apropiarse de un terreno. Entonces, ¿para qué sirve el Registro Público?”, dice. “Evidentemente que aquí hay un tremendo fraude”.
La mamá de la señora Medina Solís, Imelda Solís Alcocer de Medina, es uno de los 170 vecinos de los fraccionamientos Vista Alegre y Del Arco que han sido demandados por el ejido de Chuburná ante el Tribunal Unitario Agrario 34, por haber construido sus casas supuestamente en terrenos de ese ejido, en la mayoría de los casos hace más de 40 años, y que para retirar la demanda les piden el pago de una indemnización económica.
(Recientemente, vecinos del fraccionamiento Tamarindos II denunciaron al comisario ejidal Baltazar de los Reyes Huchim Ramos, y a su asesora Rebeca Buenfil Méndez, exvisitadora de la Procuraduría Agraria, de intentar hacer lo mismo con ellos).
El principal argumento del ejido, plasmado en su demanda, es que la compra del terreno por parte de la señora Imelda Solís Alcocer de Medina, de 400 metros cuadrados de superficie, ubicado en la calle 15, número 104-A, de Vista Alegre, es nula, pues esa zona “jamás ha salido del régimen ejidal y nunca ha sido expropiada y mucho menos asignada, ya que son tierras destinadas al uso común del ejido. Eso ya fue debidamente aprobado en la sentencia del TUA de 1994”, añade el ejido en sus alegatos.
(En efecto, como hemos publicado, inicialmente ese tribunal dio la razón a los ejidatarios, pero luego dio marcha atrás y ordenó reponer el proceso, lo que generó un litigio que tardó doce años en resolverse a favor del ejido, y que se desarrolló en medio de muchas dudas sobre la veracidad de los dictámenes técnicos presentados por los abogados de los ejidatarios).
Defensa
La defensa de la señora Solís Alcocer, encabezada por los abogados de oficio de la Procuraduría Agraria, rechaza este argumento y dice que el ejido quiere hacer creer que se trata de una invasión de terrenos ejidales, cuando la escritura de compraventa a un particular data de hace 39 años, por lo que es inverosímil que ahora el ejido diga que es suyo y que durante todo ese tiempo no se hubiera percatado de la gente que tiene allí sus casas.
La falta de acción y de derecho hace procedente, por lo tanto, indican los abogados de la señora Solís, la acción restitutoria a su favor, “toda vez que los ejidatarios no estaban en posesión de ese terreno, aun conociendo la situación de las tierras que se señalan como de su propiedad, pudiéndolo hacer en años anteriores”.
Es decir, el ejido nunca ha tenido la posesión de esa superficie que ahora reclama como suya.
De acuerdo con el Registro Público de la Propiedad, los esposos Óscar Medina Escamilla e Imelda Solís Alcocer de Medina compraron el terreno donde luego construirían su casa a Carolina Eugenia de la Soledad Lugo de Canto, el 3 de diciembre de 1980. Esta persona lo adquirió a su vez en 1979 de Manuel Jesús Mier y Terán Fortuny, quien lo compró a Carlos Aristi Conde, propietario de la hacienda Vista Alegre, el 15 de marzo de 1975.
Siempre ha sido un terreno privado, dice la señora Medina Solís. “¿Por qué ahora dicen que es ejidal?”.
Relata que ella personalmente acudió al Registro Agrario Nacional para solicitar la documentación que acredita la propiedad del terreno de su mamá al ejido, pero solo recibió como respuesta que “allí se encuentra inscrita la propiedad del ejido, sin poder comprobar o corroborar si mi predio se encuentra en propiedad privada o ejidal.
“Esto es solo una parte del vía crucis que he tenido que pasar para defender la propiedad de mi madre”, dice la entrevistada.
Explica que tiene la ciudadanía estadounidense y vive en San Diego, California, desde hace 48 años. Hace dos décadas falleció su papá y desde entonces su madre, actualmente de 87 años, pasa varios meses del año con ella en el vecino país, donde obtuvo la residencia legal.— HERNÁN CASARES CÁMARA
Caso Demandados
Otros de los afectados por las pretensiones de ejido Chuburná levantan la voz.
Situación
Recientemente un juez local decretó la interdicción de la señora Imelda Solís Alcocer de Medina por padecer el mal de Alzheimer y entregó la tutela a la señora Imelda Medina Solís, quien reside en San Diego, California.
Venta
“Mi idea era vender la casa de mi mamá y llevarla a vivir conmigo. Cuando solicité el certificado de libertad de gravamen en el Registro Público de la Propiedad me informaron que el predio estaba gravado por una demanda del ejido de Chuburná. Luego recibí la notificación de un actuario del Tribunal Agrario”, dice.
En regla
“No lo podía creer, la casa de mi mamá siempre estuvo en regla. Varios notarios y abogados que consulté me aseguraron que se trata de un fraude y que no le dé ni un peso al ejido, y eso pienso hacer: no les daré ni un centavo”, señala.
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