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| La "Licenciada" Rebeca Buenfil Méndez, ex empleada de la Procuraduría Agraria y actual integrante de la mafia inmobiliaria que pretende extorsionar a vecinos del Arco y Vista Alegre |
Luego de 40 años de vivir en
propiedad privada ahora los denuncian por “invasores”.
Más de 120 familias de la colonia
Vista Alegre y el fraccionamiento del Arco corren el peligro de ser despojados
de su patrimonio a causa de una mafia agraria e inmobiliaria que mediante la
utilización de mapas y planos oficiales trazados a modo busca despojarlos de
sus propiedades ilícitamente.
En agosto de 2017, los vecinos de
esta zona fueron notificados por parte del actuario agrario del Tribunal Agrario, trasladados en el vehículo de la abogada Rebeca María Buenfil Méndez,
ex empleada de esta dependencia de que habían sido demandados por parte de
ejidatarios de Chuburná presuntamente por estar viviendo sobre terrenos
ejidales a pesar de que hace más de 40 años fueron adquiridos de manos de
particulares.
De esta manera vecinos de esta
comunidad despertaron de la noche a la mañana denunciados por lo que de acuerdo
a sus investigaciones, incluye una amplia red de operadores dirigidos por la
abogada demandante Buenfil Méndez.
Esta red de operadores incluye la
participación del comisario ejidal de Chuburná Baltazar de los Reyes Huchim
Ramos, presidente, José Alberto Pool Chuc, secretario y José Luis Chi y Yam,
tesorero, quien presuntamente cuenta con antecedentes penales.
También incluiría la
participación de secretaria de acuerdos del Tribunal Unitario Agrario, distrito
34, R. Argelia Gavaldón Billuendas y el ex magistrado de éste tribunal Juan
Rodolfo Lara Orozco, quien dio entrada a las demandas. En esta red de operación
fraudulenta también estaría involucrado Carlos García Ponce,
Los vecinos señalan que la
abogada Buenfil Méndez confabulada con varias autoridades tomaron como
referencia para denunciar a los vecinos los mapas trazados a modo de la
expropiación realizada al Ejido de Chuburná en1975.
De esta manera, en la denuncia
interpuesta por el Ejido de Chuburná,
los colonos del Arco pasaron “en planos” de vivir en terrenos de
propiedad privada los cuales poseen desde hace más de 40 años, con sus
respectivos títulos de propiedad vigentes de más de 40 años de antigüedad y con
un historial registral que data desde 1913 a vivir sobre presuntos terrenos
ejidales.
Incluso, en dichos planos que se
incluyen en la denuncia, se omite señalar en su trazo la existencia de la
carretera Mérida-Conkal (Hoy Avenida Correa Rachó) que servía en un principio
como el límite de la superficie que le afectaron a la ex Hacienda Vista Alegre
en 1929.
La denuncia que recibieron en sus
casas vino acompañada de dos planos, uno de ellos totalmente ilegible y sin
datos para poder verificar su origen y el otro, con serias deficiencias en su
trazo, a tal grado que llevando al cabo el trazo con los datos de referencia se
obtiene una figura totalmente diferente.
En la denuncia a los vecinos se
les califica como invasores e incluso se les instruye a no vender, heredar,
vender ni traspasar sus propiedades.
La situación ocasionó
afectaciones a los vecinos y sus familias quienes han tenido problemas de
salud, familiares y legales e incluso laborales y económicos por todos los
trámites y gestiones que han tenido que enfrentar ante argucias legales
interpuestas por la abogada Buenfil Méndez y sus representados.
Desde agosto de 2017 hasta hoy,
los vecinos han sufrido un viacrucis legal que ha incluido visitas a las
dependencias como el Registro Agrario Nacional, el Registro Público de la
Propiedad, el Archivo General del Estado, la Procuraduría Agraria, La
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), el
departamento de Asuntos Agrarios del gobierno del Estado, el Catastro Municipal,
el Instituto de Seguridad Jurídica y Patrimonial, la Consejería Jurídica del
gobierno estatal y la Secretaría General de Gobierno.
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| CELIA OCTUBRE MALDONADO LLANES, Ex Directora del Registro Público de la Propiedad y del Comercio quien se negó a proporcionar información a los colonos del Arco, dejándolos en total indefensión durante la pasada administración estatal. |
Se han entrevistado con el
subdelegado del RAN, Juan José Vega; con la actual Secretaria General de
Gobierno, María Fritz Sierra; con Ligia Guadalupe Pasos Tun; quien fue
despedida del gobierno del Estado por tráfico de influencias durante la
administración pasada.
También han sido atendidos por Tonatiuh Villanueva
Caltempa, actual director de asuntos agrarios y por otros funcionarios
federales.
También han sido atendidos por
Mauricio Tappan Silveira, quien manifestó que se declaró incompetente para
mediar entre ambas partes, al conocer de cerca el caso que afecta a más de 120
familias.
Actualmente los vecinos se encuentran
en estado de total indefensión pues ninguna autoridad se anota para apoyarlos y
por otra parte consideran que la aplicación de la justicia es totalmente
parcial.
Afirmaron que seguirán los cauces
legales hasta sus últimas consecuencias.
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