 |
| Residencia de la calle 20 con 23 del fraccionamiento del Arco. Las viviendas se encuentran en terrenos particulares desde hace más de 40 años, situación que quiere distorsionarse por parte de una mafia inmobiliaria de la cual forma parte Rebeca Buenfil Méndez |
En una operación más de la red inmobiliaria, decenas de
vecinos de dos fraccionamientos del norte de Mérida anfrontan la amenaza de
perder sus casas
Directivos del ejido de Chuburná, asesorados por una
exfuncionaria de la Procuraduría Agraria, amenazan con quitarle sus casas a más
de 120 vecinos de los fraccionamientos del Arco y Vista Alegre, en el norte de
la ciudad, que, dicen, habría construido en terrenos de ese ejido hace más de
40 años.
Por medio de un proceso judicial, al parecer amañado, los
ejidatarios piden a los vecinos la restitución de sus tierras o una
indemnización económica.
De acuerdo con testimonios recogidos por reporteros de Central
9, la Unidad de Investigación Periodística de Grupo Megamedia, la mayoría de
los afectados, personas de la tercera edad y jubilados, no tiene los recursos
para pagar esas indemnizaciones ni los honorarios de un abogado.
 |
| Reportaje de Central 9 de Diario de Yucatán publicado el 28 de Diciembre en la Sección Local |
No obstante, formaron una asociación para enfrentar juntos
el problema y solicitar el apoyo de los defensores de oficio del Tribunal
Unitario Agrario del Distrito 34, donde se ventila la demanda en su contra.
Según Russell Santos Morales, uno de los directivos de esa
asociación, la demanda del ejido es infundada y sus pruebas, mapas de 1975 y
1986, están notoriamente alterados.
Caso parecido
De acuerdo con datos recogidos por Central 9, este caso es
muy parecido al del fraccionamiento Los Álamos, ubicado enfrente a Del Arco.
En 1994 el ejido de Chuburná demandó a los dueños de ese
fraccionamiento con el mismo argumento, construir en terrenos ejidales.
Al final, recuerda Santos Morales, los de Álamos perdieron
el juicio y pagaron una indemnización a los ejidatarios, “pero eso no significa
que pasará lo mismo con nosotros. Ellos se dejaron ganar intencionalmente y
firmaron acuerdos muy oscuros con el ejido”.
La demanda contra los vecinos del fraccionamiento Del Arco
la presentó el presidente del comisariado ejidal de Chuburná, Baltazar de los
Reyes Huchim Ramos, en agosto de 2017, con la asesoría de la abogada Rebeca
Buenfil Méndez, quien durante muchos años fungió como visitadora de la
Procuraduría Agraria.
Este fraccionamiento de encuentra sobre la calle 20, entre
las avenidas Correa Rachó y Yucatán, y colinda al norte con el Centro Deportivo
Bancario. Vista Alegre se inicia sobre la misma calle 20, pero cruzando la
Correa Rachó, hacia el poniente.
En el primer fraccionamiento hay alrededor de 320 predios y
en el segundo otro tanto, pero la demanda solo afecta a 55 casas en Del Arco y
60 en Vista Alegre, aproximadamente.
El Tribunal Unitario Agrario admitió la demanda del ejido y
en septiembre de 2017 comenzó a entregar las notificaciones, afirma Santos
Morales. En Vista Alegre este proceso empezó recientemente.
Convenio
“La abogada Buenfil Méndez entregaba personalmente, casa por
casa, esas notificaciones y decía a los vecinos que el Tribunal ya tenía las
pruebas donde se demuestra que una parte de esos fraccionamientos es del
ejido”.
“No tienen manera de salvarse de esto”, amenazaba la
abogada, según Santos Morales.
La entrega de las notificaciones por parte de la asesora
ejidal es ilegal, porque esa es una diligencia exclusiva de los actuarios del
juzgado, añade Jesús Antonio Pacheco Gasca, otro de los vecinos afectados.
“Empero, ella lo hacía para asustarnos y preparar el terreno para ofrecernos
una solución: firmar un convenio mediante el cual el vecino aceptaba pagar $200
por metro cuadrado de su propiedad”.
La superficie promedio de las casas en el fraccionamiento Del
Arco es de 300 metros cuadrados, las más grandes tienen 350, de modo que cada
convenio implicaba un promedio de $60,000, explica Pacheco Gasca.
Si lo pagan se acaba el problema y el ejido se encarga del
proceso para regular los terrenos, prometía la abogada Rebeca Buenfil Méndez.
“¿Cómo podemos firmar un convenio sin tener la certeza de
que nuestras casas se construyeron en terrenos ejidales, respondíamos”, agrega
Santos Morales, “pero ella insistía en que tenía todas las pruebas, pero sin
mostrarlas”.
Amenaza
“No explicaba nada, simplemente decía que estábamos sobre
terrenos ejidales y por eso debíamos pagar al ejido, que no quería nuestras
propiedades, sino la indemnización correspondiente”, afirma Pacheco Gasca.
“Ella fijaba el precio del metro cuadrado y trataba de
coaccionarnos con el convenio, aunque no existía, como hasta la fecha,
sentencia judicial sobre el caso”, añade. “Si todos hubiesen aceptado firmar,
el ejido se habría embolsado, ‘bajita la mano’, $7.500,000”.
De acuerdo con los entrevistados, cuando la licenciada
Buenfil Méndez no podía convencer a los vecinos de firmar el convenio, ordenaba
al actuario entrar en el domicilio con la notificación.
Este funcionario judicial se trasladaba en el auto
particular de la abogada y respondía solo a sus indicaciones, “lo que
evidentemente es ilegal”, precisa Santos Morales.
Muchas de esas notificaciones estaban, además, mal hechas
porque traían equivocados los nombres de los demandados.
De todos ellos, solo cuatro o cinco vecinos del fraccionamiento
Del Arco firmaron el convenio, porque, argumentaron, tenían dinero para hacerlo
y no querían meterse en líos.
“¿Qué vamos a hacer?”
A principios de este año, sin embargo, el actual magistrado
del Tribunal Agrario, Luis Antonio Betancourt Sánchez, desconoció esos
convenios —a diferencia de su antecesor Juan Rodolfo Lara Orozco, que dejó el
cargo en enero, que sí lo hizo— porque a juicio de Betancourt aún no se
determina si, en efecto, esas tierras pertenecen al ejido de Chuburná.
De cualquier modo, la gran mayoría de los vecinos del
fraccionamiento Del Arco rechazó el convenio, pero eso no resolvió el problema.
“El 97 por ciento de los propietarios de las casas de ese
lugar son jubilados y muchos, incluso, ya donaron sus propiedades a sus hijos”,
afirma Santos Morales. “La mayoría tiene ingresos de $6,000 a $8,000 y no
pueden pagar las indemnizaciones ni los honorarios de un abogado”.
De hecho, los vecinos contactaron a uno que les pretendía
cobrar $50,000 por cabeza, no obstante que, según él, de todos modos el caso
estaba perdido, porque pasaría lo mismo que en Los Álamos.
Al oír esto los vecinos palidecimos, recuerda Santos
Morales. “¿Qué haremos, vamos a quedar en estado de indefensión”, nos
preguntábamos.
Injusticia
Ante esto decidimos formar un grupo vecinal para defendernos
todos juntos, añade. “Yo y otros eventualmente podríamos haber pagado a un
abogado, pero no lo hicimos por solidaridad con nuestros vecinos y por una
elemental reacción a lo que creemos es una arbitrariedad de la llamada mafia
inmobiliaria”.
Entonces los vecinos solicitaron y obtuvieron del Tribunal
Agrario la asesoría de un equipo de defensores de oficio.
“Ellos aceptaron nuestro caso y nos dijeron: se trata, sin
duda, de una injusticia”, relatan los entrevistados.
Para fortalecer su defensa, el comité vecinal integró un
equipo de estudio e investigación, abocado a reunir pruebas contra el ejido. El
equipo encontró, entre otros documentos, los planos que sustentan las denuncias
en su contra los cuales, dicen los directivos, presentan graves alteraciones
realizadas, al parecer, por las mismas autoridades agrarias.. (Continuará).—
HERNÁN CASARES CÁMARA
Comentarios
Publicar un comentario